Pobreza y exclusión: la crisis de las personas
No es asumible que una familia en situación de emergencia tenga que esperar más de un año para tener acceso al salario social, que en esta comunidad autónoma se considera un derecho subjetivo
20.10.11 - 02:40 -
No es asumible que una familia en situación de emergencia tenga que esperar más de un año para tener acceso al salario social, que en esta comunidad autónoma se considera un derecho subjetivo
20.10.11 - 02:40 -
En medio de la vorágine de la crisis en la que estamos inmersos, los países del mundo occidental, en el que solo se habla de primas de riesgo, deudas soberanas, puntos básicos, mercados, y una interminable lista de términos económicos totalmente ajenos a nuestro vocabulario habitual, hemos olvidado que la actual situación de Europa y, sobre todo, la batería de medidas que se han puesto en marcha en los últimos tiempos para lograr una urgente reducción del déficit, están acarreando graves consecuencias, no sólo en términos macroeconómicos, sino para las personas, para sus propios ciudadanos y ciudadanas.
Más de 85 millones de la población europea, 19 millones de la española, y 194.000 asturianos y asturianas están en riesgo de exclusión social. De estos últimos, más de de 135.000 se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, situación que, como define la Unión Europea, es aquella en la que se encuentran quienes están obligados a subsistir con menos del 60% del salario medio del país en el que residen. En el caso de Asturias, aquellos que perciban un salario inferior a 13.560 euros / año, habida cuenta de que el salario medio del Principado de Asturias es de 22.600 euros/año.
Ni antes de la crisis, ni en estos últimos años, las políticas de protección a las personas han sido una prioridad en las políticas europeas, como marcaba uno de los objetivos de la estrategia de Lisboa, que conminaba a los Estados a «modernizar el modelo social europeo invirtiendo en recursos humanos y luchar contra la exclusión social». Muy al contrario, la realidad apunta a que el primer objetivo para todos los Estados miembros era mantener y aumentar el crecimiento a toda costa, aunque fuera cimentándolo en políticas cortoplacistas que hincharon hasta su estallido burbujas especulativas, como la financiera o la de la construcción, cuyas consecuencias estamos pagando ahora con la moneda del desempleo, que alcanza cotas inasumibles.
Los trabajadores hemos de tener claro que nuestro único patrimonio es nuestro empleo. No vivimos de rentas ni de invertir en Bolsa, vivimos de nuestro trabajo y por ello, cuando más de cuatro millones y medio de conciudadanos se encuentran en situación de desempleo, la renta de muchos hogares españoles se ha reducido a niveles extremos, colocando en riesgo de exclusión y abocando a la pobreza a muchísimas personas que muy recientemente se consideraban y autodefinían como integrantes de la clase media de este país.
El grado de inclusión o exclusión que tienen las personas se relaciona principalmente con varios elementos claves, que, a su vez, se interrelacionan entre sí: el empleo, la protección social, la educación y la formación, los servicios sociales, la vivienda y la atención a la familia y la salud.
Desde la Unión General de Trabajadores consideramos que el empleo es el mejor elemento de la lucha contra la pobreza, junto a la protección social. Por eso, creemos que un país que todos consideramos desarrollado, como es el caso de España, no puede reducir esfuerzos en áreas como la educación (en tanto en cuanto es un elemento igualitario de primer orden), ni tener tan poco sentido común como para atacar de forma inopinada la sanidad pública, en una vorágine de recortes que no constituye, ni mucho menos, la única alternativa para salir de la crisis y que afecta directamente a los más desfavorecidos.
Para poner soluciones a los problemas inmediatos de las personas en situaciones límite es necesario poner urgentemente en marcha políticas orientadas a proteger a las personas que se están viendo afectadas por las consecuencias de la crisis con mayor crudeza. Políticas como el mantenimiento y refuerzo de la protección al desempleo, así como una reducción inmediata de los tiempos de espera para la aprobación de un salario social. Medidas que deben ir en paralelo a la aplicación de políticas activas de empleo e inserción que resuelvan las carencias de un mercado de trabajo que no ofrece las mismas oportunidades para todos y todas.
Desde UGT Asturias entendemos que no es asumible que una familia en situación de emergencia tenga que esperar más de un año para tener acceso a una renta, que en esta comunidad autónoma se considera un derecho subjetivo. ¿Cómo sobreviven las más de 3.600 personas de la lista de espera de salario social durante los doce meses que, en el mejor de los casos, tardan en recibir esas renta, sin ingreso alguno? ¿Cuánto tiempo más pueden seguir los entornos familiares solucionando un problema que le corresponde solucionar a la Administración?
En el medio y largo plazo, el cambio de modelo productivo resulta ya inaplazable si pretendemos alcanzar una economía que sea capaz de enfrentarse a los cambios de ciclo con solidez y resistencia. Es preciso crear una base industrial sólida que invierta y sea tractora de otros sectores, mejorar el sistema educativo y vincularlo más al sistema productivo, reforzar el sistema público de protección social y consolidar aspectos como la Ley de Atención a las Personas en Situación de Dependencia, cuya correcta aplicación debería ser generadora de empleo.
En definitiva, desde UGT Asturias creemos que valores como la solidaridad y la reducción de las desigualdades han de ser los que marquen el camino a seguir por Europa para lograr el objetivo de seguir siendo referente universal en la protección de las personas y en el respeto a su dignidad.
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